La ley de fomento a las inversiones ante el desafío de la crisis económica nacional y la carga tributaria local

En un contexto marcado por la profunda crisis del sector productivo, la recesión económica nacional y el cierre de más de 250 pymes en Tucumán en los últimos dos años, la Legislatura provincial sancionó por unanimidad un proyecto de ley que establece un régimen de fomento a las inversiones y la creación de empleo. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, antes de llegar al recinto, fue objeto de intensos debates y modificaciones tras el aporte de sectores opositores y representantes de los sectores productivos y económicos locales, por ejemplo de la Unión Industrial de Tucumán, encabezada por el empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro, quienes estuvieron presentes en la sesión. Aunque el proyecto fue avalado como un paso estratégico para posicionar a Tucumán en la competencia con otras regiones, no estuvo exento de críticas por su "mezquindad" en ciertos aspectos y la falta de claridad en la generación de empleo.

La discusión legislativa se desarrolló en un escenario de emergencia económica, con el cierre de 16.500 pymes a nivel nacional en los últimos dos años, según datos de asociaciones empresarias, y una situación particularmente crítica en Tucumán, donde la industria azucarera, los talleres textiles y los comercios minoristas enfrentan una de las peores crisis en décadas. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán) describió el panorama con crudeza: “Preocupa y duele la crisis en el sector productivo. En estos dos últimos años han cerrado 16.500 pymes argentinas, y Tucumán no es la excepción, con más de 250 pymes cerradas. Esto significa personas que se quedan sin trabajo, familias que dejan de llevar el pan a la mesa”. En este contexto, la sanción del régimen de fomento fue presentada como una respuesta urgente para atraer capitales y generar empleo genuino.

El proyecto establece un sistema de beneficios fiscales escalonados, diseñado para incentivar inversiones productivas a partir de un umbral mínimo de USD 2 millones. Según explicó el legislador Carlos Gallia, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (foto inferior), “este régimen no es un cheque en blanco, es una alianza estratégica. Ofrecemos exenciones en el impuesto sobre los ingresos brutos que van desde el 25% para inversiones a partir de los USD 2 millones hasta un 100% para aquellas que superen los USD 30 millones”. La escala de beneficios se detalla de la siguiente manera: 25% de exención para inversiones entre USD 2 y 5 millones, 30% para inversiones entre USD 5 y USD 10 millones, 50% para inversiones entre USD 10 y USD 20 millones, 75% para inversiones entre USD 20 y USD 30 millones, y 100% para inversiones superiores a USD 30 millones. Además, se incorporaron incentivos directos a la contratación de personal mediante deducciones en el impuesto a la Salud Pública por cada nuevo trabajador incorporado.

Gallia subrayó que el régimen exige compromisos claros y medibles: “La inversión debe ser real y productiva, con un mínimo de USD 2 millones, y la creación de empleo local es obligatoria. Las empresas deben estar al día con sus obligaciones tributarias, y las inversiones deben ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses, con posibilidad de prórroga fundada. Quien no cumpla perderá los beneficios y deberá devolver lo percibido”. Para garantizar transparencia, la autoridad de aplicación deberá presentar informes semestrales a la Legislatura, detallando la empresa beneficiaria, el monto de inversión, los empleos generados, los beneficios fiscales otorgados y el cumplimiento de compromisos ambientales.

A pesar del consenso alcanzado, sectores opositores expresaron reparos sobre ciertos aspectos del proyecto. Uno de los puntos más cuestionados fue la falta de un requisito explícito sobre la cantidad de mano de obra a contratar. El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) señaló: “Nos hemos quedado cortos. La reglamentación fijará la cantidad de mano de obra en proporción a la inversión, pero puede ser uno, cinco o 500. Estamos dejando librado al azar uno de los grandes atractivos de estos proyectos: generar empleo genuino para Tucumán”. Viña también propuso incluir una distribución territorial de los beneficios, priorizando zonas menos desarrolladas, y una cláusula de “Compre tucumano” para beneficiar a las pymes locales que no accedan al régimen.

Otro punto de controversia fue el elevado umbral de inversión, considerado “mezquino” por algunos legisladores. Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán), en su intervención, destacó las dificultades de las pymes locales para alcanzar el piso de USD 2 millones: “Hablo con un grupo de 300 pymes, y cuando les cuento que el incentivo empieza con USD 2 millones, equivalente a $3.000 millones, me miran como si estuviera loca. Ninguna pyme tucumana tiene ese monto para invertir por un 25% de exención en ingresos brutos. Deberíamos bajar el piso a USD 500.000 para que sea accesible”. Nievas también insistió en la necesidad de reducir la carga tributaria provincial, incluyendo impuestos como el de sellos y la contribución a la salud pública, que calificó de “injustos” para las pymes.

Competencia

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) coincidió en la necesidad de un enfoque más inclusivo: “Este proyecto es un avance, pero es mezquino. Proponíamos un capítulo especial para pymes con un umbral de USD 1.5 millones o menos, y exenciones en el impuesto a los sellos. Otras provincias, como Córdoba, Salta o Catamarca, tienen regímenes más completos que promueven la radicación de empresas”. Courel subrayó la competencia interprovincial: “Nos guste o no, el esquema tributario nacional nos obliga a competir. Hay empresas tucumanas que se fueron a provincias vecinas por mejores condiciones”.

Un aspecto que generó consenso fue la necesidad de garantizar estabilidad fiscal para las empresas beneficiarias. Tras propuestas recibidas en el recinto, se incorporó una modificación al proyecto original, propuesta por el legislador José Seleme (Avanza Tucumán) y respaldada por Gallia, que establece que “las empresas beneficiarias, cualquiera sea su envergadura, gozarán de estabilidad fiscal por un plazo de 10 años a partir de la aprobación del proyecto”. Esta medida fue celebrada como un paso hacia la previsibilidad, aunque varios legisladores, como José Macome (Compromiso con la Lealtad), advirtieron sobre la desventaja que enfrentan las empresas que invirtieron recientemente sin acceder a estos beneficios: “¿Qué pasa con las empresas que invirtieron hace poco y no tienen exenciones? Van a competir en desventaja con las que se instalen ahora”.

La cúpula de la UIT, presidida por Jorge Rocchia Ferro presenció el debate.

La presión tributaria provincial fue otro eje de críticas. José Cano (Radicalismo Federal) señaló: “Tucumán está entre las provincias más caras del país. Necesitamos revisar el Código Tributario y bajar impuestos como Ingresos Brutos, porque si no, esta ley no será suficiente”. Gerónimo Vargas Aignasse, desde el oficialismo, aludió a las dificultades macroeconómicas nacionales: “Esta ley nace en una Argentina con una recesión pavorosa, tasas de interés del 55% que incentivan la especulación y un gobierno nacional que gobierna sin presupuesto. Es difícil que un empresario invierta USD 2 millones en este contexto”.

Por su parte, Rocchia Ferro, consultado por la prensa, calificó la medida como una "muy buena noticia" para el sector: "Hoy, en un momento en que se están tratando de cortar muchos incentivos, la provincia de Tucumán nos está dando la oportunidad de que los que vengan a invertir puedan tener estos beneficios. La ley, por supuesto, es perfectible y también la práctica nos va a marcar hacia dónde vamos a caminar. Celebramos que haya sido aprobada unánimemente, porque será beneficiosa no solo para el sector industrial, sino para todas las inversiones que se radiquen en la provincia”.

A pesar de las críticas, el proyecto fue aprobado por unanimidad, reflejando un consenso sobre la necesidad de dotar a Tucumán de herramientas para atraer inversiones. Sin embargo, los legisladores coincidieron en que la ley no será suficiente si no se acompaña con una reducción significativa de la carga tributaria y mejoras en las condiciones macroeconómicas nacionales. Como expresó Courel, “esta ley es un paso adelante, pero necesitamos ser más generosos para que Tucumán vuelva a ser el motor industrial del norte argentino”.